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Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló un preocupante diagnóstico sobre la ejecución del Presupuesto General de la República 2025, señalando una crisis de gestión que amenaza directamente la prestación de servicios básicos en Honduras.
A mitad de año, solo el 42% del presupuesto ha sido ejecutado, con el 88% destinado a sueldos, deuda y transferencias, mientras que la inversión en bienes capitalizables apenas alcanza el 23%.
Esta orientación hacia el gasto corriente limita el impacto en infraestructura, salud y educación.
El informe destaca que solo 10 de las 113 instituciones públicas concentran el 80% de los recursos ejecutados, lo que evidencia desequilibrios estructurales en la distribución del gasto.
En el sector salud, la Secretaría recibió un aumento nominal del 0.5%, pero sufrió recortes de más de 1,353 millones de lempiras, afectando partidas clave como medicamentos (528 millones menos) y vacunas (373 millones menos). Hasta junio, la ejecución fue del 39.7%, con 0% en vacunas.
La Secretaría de Educación tuvo un incremento del 5%, insuficiente frente a las demandas del sistema. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia enfrentó una reducción del 18%, afectando programas sociales.
En contraste, el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Planificación Estratégica duplicaron sus presupuestos (101% y 100%, respectivamente), destinando hasta 93% a publicidad e imprenta. La Secretaría de Defensa recibió más de 1,100 millones adicionales, incluyendo 400 millones para equipo militar y 85 millones para el proceso electoral.
La ASJ también cuestionó el uso político del presupuesto en año electoral, alertando sobre el riesgo de clientelismo y desvío de fondos para favorecer candidatos oficialistas.
Entre sus recomendaciones, la ASJ propone profesionalizar la gestión pública, garantizar transparencia, contener el gasto salarial y repriorizar inversiones en salud, educación e inclusión social. La organización advierte que, sin reformas urgentes, la legitimidad institucional y el bienestar ciudadano seguirán en riesgo.
