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Panamá. Firmantes de 17 países advierten que la represión a las protestas sociales y la criminalización de la disidencia en Panamá evocan los peores episodios de su historia. La carta compara el momento actual con los gobiernos militares y exige observación internacional ante posibles violaciones de derechos humanos.
Más de 800 personas de diversos sectores sociales —académicos, activistas, artistas, trabajadores, sindicalistas y ciudadanos comunes— han suscrito una Carta Abierta dirigida al presidente José Raúl Mulino, exigiendo que detenga lo que califican como una “deriva autoritaria” del gobierno panameño frente a la ola de protestas que ha sacudido al país en los últimos meses.
Entre los firmantes figuran reconocidos nombres como la cantante Yomira John, el músico Rómulo Castro, la ambientalista Raisa Banfield, y el exministro ecuatoriano y referente ecologista Alberto Acosta. A ellos se suman madres de familia, estudiantes, docentes, chefs, operarios, abogados y trabajadores de más de 17 países, incluyendo Panamá, China, España, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Honduras, Colombia y otros.
“El presidente Mulino lidera un gobierno legítimo desde el punto de vista legal, pero con un apoyo mínimo”, indica el documento. “Y ha respondido a una ola de protestas legítimas y democráticas de la forma más violenta y sistemática jamás registrada en la historia del país desde 1903”.
El pronunciamiento internacional condena con firmeza la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro —impuesta por el Ejecutivo en el marco de las recientes manifestaciones— así como la represión, militarización, judicialización de dirigentes sociales y la criminalización de la protesta ciudadana.
“El paso que ha dado el Ejecutivo al suspender las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro lo convierte, de facto, en un gobierno autoritario dispuesto a suspender la Constitución cuando es incapaz de negociar, dialogar o escuchar a su pueblo”, afirma la carta.
En su análisis, los firmantes advierten sobre el uso del aparato estatal y de los estamentos de seguridad para reprimir, en lugar de abrir vías democráticas de solución. Además, aseguran que los discursos oficiales han estado cargados de odio, racismo y estigmatización, especialmente hacia provincias históricamente marginadas como Bocas del Toro y Darién.
Los firmantes sostienen que los mensajes del gobierno y su negativa a escuchar reclamos legítimos alimentan la brecha de desigualdad y discriminación hacia comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
“Los discursos incendiarios, de odio y racistas que se están promoviendo alimentan la brecha de desigualdad de provincias como Bocas del Toro o Darién”, señala el documento.
Este tipo de posicionamientos, consideran, constituye un retroceso en términos de derechos humanos, participación ciudadana y Estado de Derecho, elementos fundamentales de cualquier democracia.
Frente a este escenario, la carta solicita la intervención de agencias internacionales de derechos humanos, para dar seguimiento a la situación que vive Panamá y garantizar la protección de las libertades fundamentales.
“El abuso de poder del Estado a través de los estamentos de seguridad y los argumentos utilizados para justificar la violación de derechos humanos, la represión y la judicialización de dirigentes no son aceptables de ninguna manera”, advierten.
También lanzan una advertencia directa al mandatario panameño: si no rectifica su postura, corre el riesgo de unirse al grupo de líderes mundiales que, habiendo llegado al poder por vías democráticas, derivaron en gobiernos autoritarios.
“No creemos que usted quiera ser recordado así en un país que ha luchado por su democracia y por la no injerencia externa”, finaliza la carta.
Desde finales de mayo y durante junio, Panamá ha sido escenario de intensas protestas sociales, particularmente en Bocas del Toro, una provincia golpeada por el desempleo, el abandono estatal y la reducción de actividades como la producción bananera. Las manifestaciones surgieron inicialmente en rechazo al modelo económico, el alto costo de vida y la falta de respuesta ante demandas locales.
La reacción del Gobierno incluyó la declaración del estado de emergencia en Bocas del Toro, así como detenciones, allanamientos masivos y procesos judiciales contra más de 200 personas, incluyendo dirigentes comunitarios.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las condiciones de las detenciones y la falta de información transparente por parte de las autoridades.
El gobierno, por su parte, ha justificado sus acciones alegando la necesidad de restaurar el orden y frenar actos de vandalismo. Sin embargo, los cuestionamientos persisten y se intensifican.
