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Panamá. En reunión bilateral, este viernes los cancilleres de ambos países solicitaron recursos al país de destino y la revaluación de la política de cielos abiertos en países sureños
Si algo se puede extraer de la reunión que sostuvieron este viernes en Panamá los cancilleres Luis Gilberto Murillo y Janaina Tewaney de Colombia y Panamá, respectivamente, es que necesitan “muchísimo” apoyo de Estados Unidos para controlar la migración irregular que ahoga a ambos países.
La cuantía o el monto que representan estas necesidades es “muchísimo”, en palabras de Tewaney. No lo plasmó en cifras, al menos no a los medios de comunicación que atendimos la conferencia, pero sí señaló que hay una petición a Estados Unidos que podría ayudar a manejar la compleja situación. Colombia insistió en lo mismo.
En el Palacio de Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, los cancilleres requirieron no solo el apoyo del principal país de destino, sino de sus hermanos sureños en los que prevalecen políticas de cielo abierto y facilitan el movimiento de migrantes irregulares hacia la frontera colombo-panameña. “El problema necesita analizarse de una manera holística, completa. Hemos conversado con Colombia que hay algunos países en el sur que deben revisar sus políticas migratorias que permiten de alguna manera este tipo de pasajes”, dijo Tewaney, mientras su homólogo asentía con la cabeza.
Los números de la Dirección de Migración de Panamá indican que en los primeros tres meses de este año han cruzado por la peligrosa selva más de 110.000 migrantes, un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Cuando finalizó 2023 se contaron más de 520.000 migrantes irregulares. Cientos han muerto en el camino, y otros cientos han sido víctimas de violación sexual, robos, atracos, e incluso secuestros. Precisamente este tema fue abordado por la organización Human Rights Watch (HRW) en el informe publicado el 3 de abril, que señala deficiencias en los esfuerzos para proteger y asistir a los migrantes, incluyendo a niños y adolescentes no acompañados. De igual manera criticó que Panamá no ha atendido con eficiencia y rapidez las denuncias sobre violencia sexual que sufren las mujeres y niñas en el peligroso camino del lado panameño.
En cifras, más de 1.300 personas han denunciado a Médicos Sin Fronteras (MSF) casos de violencia sexual entre abril de 2021 y enero 2024, pero es posible que las cifras sean aun mayores, según HRW. Un número que contrasta con las 285 víctimas de violencia sexual que reportó la Procuraduría General de Panamá en el mismo periodo.
Con este tono, la canciller panameña pidió a HRW que no deje de hacer un llamado a los países de la región con el propósito de visualizar el problema de manera holística y así contar con el apoyo de la comunidad internacional en el manejo de los recursos.
El presupuesto que empleaba Panamá en materia de seguridad, principalmente contra el narcotráfico, ha sido mermado para atender el problema migratorio, que por años fue un asunto ajeno a las labores domésticas en materia de seguridad. “Se toma nota de los reportes, pero también deben ser buenos (estos informes) para que estos donantes, que son actores principales de la situación, puedan aportar a nuestros países”, señaló Tewaney.
Su homólogo fue más contundente: “No aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población de Darién, porque no es así”, aseguró Murillo sobre el informe de HRW. Colombia y Panamá, añadió, han hecho un gran esfuerzo. Enseguida enumeró las acciones impulsadas por su país, entre ellas que acogió a casi 3 millones de venezolanos, lo que representa un esfuerzo importante en la economía, calculado en un 3% del PIB. La situación de Colombia cambió a partir de 2021, cuando pasó de ser una nación de acogida, a un país de tránsito que le obligó a incrementar la infraestructura y el presupuesto para atender la migración irregular. “Solos no podemos”, enfatizó el colombiano originario del Chocó, la zona fronteriza que domina el Clan del Golfo, grupo criminal dedicado al narcotráfico y el tráfico de personas hacia la parte panameña.
Relatos de migrantes recogidos por este diario ilustran una clara estructura y dominio territorial dentro de la selva por parte del crimen que tiene todo organizado para los viajeros irregulares. Les montan un sitio donde instalar la carpa, tienen agua en medio de la selva para aseo y consumo, brindan atención médica básica, y contando. Todo a cambio de una jugosa suma de dinero que varía de $300 hasta más de $500 por persona, según la sofisticación del servicio que contrate el migrante.
Murillo dijo que su país está actuando al respecto. Que el desmantelamiento del grupo criminal se ha convertido en una prioridad para el gobierno de Gustavo Petro. Como parte de la respuesta, trajo a Panamá al ‘coronel Sánchez’, a cargo de la Unidad Antinarcóticos de la Policía, responsable de algunas operaciones que han desmantelado al Clan del Golfo. “Hemos movilizado a 2.000 efectivos de las fuerzas militares, así como un grupo importante de la policía para desmantelar la red. Estamos trabajando y esperamos ver pronto los resultados”, manifestó el diplomático colombiano, aunque aún persiste el dominio del Clan del Golfo en la zona y el tráfico de viajeros bajo su estructura.
La selva fronteriza de Darién del lado panameño forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, una reserva de la biosfera que Panamá intentó mantener virgen antes de que se convirtiera en una ruta de tránsito hacia el norte. Ahora se ahoga en los desechos que deja cada migrante, que calculan en 3 kg por persona, dispersos en rutas improvisadas. Murillo quiere proteger el lado colombiano. Para ello, efectuó una propuesta a la Unesco para ser aprobada este año o el próximo, que intenta crear una reserva de la biosfera al norte de Darién colombiano. ¿Qué puede cambiar si esto ocurre? Tomando en cuenta la experiencia panameña, muy poco.
La geografía, la situación en varios países de la región, aunado al crimen organizado, ha impuesto desafíos importantes a Colombia y Panamá de los que están muy pendientes el resto de la región. En el pasado, Colombia y Panamá mostraron diferencias en cuanto al intercambio de información y acciones concretas que Panamá pedía a Colombia con respecto a quiénes y cuántos pasan hacia el lado panameño. El próximo lunes la Dirección de Migración hará una conferencia sobre la conversación con sus homólogos colombianos, según conoció La Estrella de Panamá. Extraoficialmente se conoció que por parte de Colombia no hubo un compromiso para hacer campañas disuasorias por la selva. “De ese lado autorizan los botes a zarpar, previo registro, para ser trasladados de forma segura hacia Necolí, inicio del viaje a Darién”, indicó una fuente que estuvo presente en la reunión bilateral.
El mensaje del presidente colombiano, Gustavo Petro, en voz de su representante, radica en la necesidad de coordinar temas con los vecinos, no solo de migrantes; los cancilleres también conversaron sobre el desarrollo de la frontera, la cooperación en temas de seguridad y asuntos comerciales.
Pero también mencionó que su país está haciendo un esfuerzo para legalizar entre 350.000 y 600.000 migrantes ilegales de varias nacionalidades que residen en su país, y que requieren retomar los mecanismos trilaterales con Estados Unidos para “discutir estos temas”.
Para esto también “se necesitan recursos”, recordó el colombiano. Además de invertir dinero en contra del narcotráfico, “resulta que ahora tenemos que cambiar a la lucha contra la trata de personas, la movilización de migrantes irregulares y necesitamos recursos adicionales. La comunidad internacional tiene que ser solidaria con nuestra realidad”, reiteró.
Temas complejos que ameritan atención integral de los países de la región y los actores principales de destino. Por ahora, Colombia y Panamá coordinan acciones al respecto, pero no dejan de insistir en que les hace falta dinero para atender debidamente a los viajeros que anhelan cumplir el sueño americano.
