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Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben prohibir expresamente la detención de menores migrantes en sus normativas nacionales ante la falta de un veto unificado en el recién aprobado Pacto de Migración y Asilo, indicaron este jueves expertos de Naciones Unidas en derechos humanos.
Estos expertos instaron a los países de la UE a tomar esta medida como parte de la implementación del Pacto, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 10 de abril.
En términos generales, esta disposición comunitaria contempla un endurecimiento de los requisitos para que alguien reciba el estatus de refugiado, así como de las condiciones en las que los migrantes deben esperar en las fronteras a que se resuelvan sus expedientes.
Según los especialistas en derechos humanos de la ONU, estos cambios redundan en una ampliación del periodo de detención y, en el caso concreto de los menores de edad, nunca favorecen su «interés superior», un principio que los Estados están obligados a respetar.
Al contrario, consideran que la nueva regulación atenta contra los derechos humanos de los niños.
«Los solicitantes de asilo no deben ser penalizados por ejercer su derecho a solicitar asilo y la migración no debe criminalizarse», dijeron los expertos, entre ellos el relator de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi.
Por ello, pidieron a la Comisión Europea orientaciones específicas sobre la acogida y el cuidado de niños, así como sobre la protección de los derechos de los migrantes no acompañados, acompañados y solicitantes de asilo menores de 18 años.
Asimismo, mostraron su preocupación por la detención migratoria de adultos, en vista de que «existe el riesgo de que se convierta en una práctica habitual» en las fronteras exteriores de la UE, pese a que en un principio los Estados miembros se comprometieron a utilizarla solo como «medida de último recurso».
Los expertos reconocieron como positivas otras medidas legislativas contempladas en el nuevo pacto, como la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias porque se evitará la elaboración de perfiles raciales en los controles fronterizos y se garantizará la protección de los migrantes y solicitantes de asilo con discapacidad.
Firman también el comunicado la relatora de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, y el relator sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, entre otros expertos.
