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Guatemala. En un escenario donde amenazas transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas y la migración irregular afectan la estabilidad regional, Guatemala y Estados Unidos han afianzado este año una alianza estratégica que promete beneficios mutuos, según autoridades y analistas.
Durante 2024, esta cooperación ha evolucionado con esfuerzos concretos. El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, junto al viceministro Antinarcóticos, Werner Ovalle, visitaron esta semana la nación aliada para conocer el informe CGAP+ (Proceso de Análisis de las Deficiencias de las Capacidades), un proyecto conjunto diseñado para identificar y superar las vulnerabilidades en la protección fronteriza de Guatemala.
Los días 19 y 20 de noviembre, funcionarios de ambos países se reunieron en las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Las conversaciones se centraron en las carencias de infraestructura, tecnología y coordinación en áreas clave como fronteras terrestres, puertos marítimos y el Aeropuerto Internacional La Aurora, considerados puntos sensibles.
El CGAP+ señaló problemas de corrupción, obsolescencia tecnológica y débil cooperación interinstitucional. En respuesta, se elaboraron estrategias a corto, mediano y largo plazo para reforzar la seguridad y corregir estos puntos.
Jiménez calificó el diagnóstico como un avance crucial para implementar soluciones prácticas, mientras que Tobin Bradley, embajador de EE. UU., subrayó que los retos compartidos requieren un compromiso colaborativo sostenido.
Pasos firmes
Jorge Ortega, experto en los aludidos asuntos, destacó estas iniciativas como un modelo positivo de cooperación bilateral. “Nuestra frontera es un corredor estratégico para actividades ilícitas; por ello, fortalecerla es vital”, afirmó. Ortega instó a Guatemala a capitalizar su posición geográfica y a cerrar las brechas en su resguardo territorial.
No obstante, especialistas en la materia como Mario Mérida y Ronaldo Leiva advierten que los desafíos persisten, por lo que señalaron la necesidad de estructurar mejor los acuerdos bilaterales, y hacer reuniones trimestrales para evaluar avances y definir prioridades. Enfatizaron la urgencia de modernizar la infraestructura fronteriza y los sistemas aduaneros para reducir su vulnerabilidad.
Leiva resaltó la relevancia de la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU., la cual ha permitido operaciones más eficientes gracias al intercambio de inteligencia estratégica. “El incremento en incautaciones de cocaína refleja el impacto de este trabajo conjunto, pero el Estado también debe forjar alianzas regionales para atacar las raíces del problema”, puntualizó.
Los analistas recalcan la necesidad de mantener una relación robusta con Estados Unidos, y aprovechar su experiencia técnica y recursos estratégicos. “Es imprescindible contar con negociadores capacitados para garantizar beneficios tangibles”, destacó Ortega.