Costa Rica. Los representantes de la Coordinadora de la Lucha Sur Sur, carpeta en mano y con cada uno de los casos documentados, denunciaron ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, las violaciones de que han sido objeto, en los últimos años, no solo de personas individuales, sino del propio Estado costarricense.
Acudieron a denunciar la problemática Gustavo Oreamuno, defensor de derechos humanos y de la Coordinadora de la Lucha Sur -Sur; Lesner Figueroa y Roger Delgado en representación de los territorios Bribri de Salitre y Geison Ríos de los territorios Cabecar.
El indígena Lesner Figueroa fue el primero en tomar la palabra para exponer lo que consideran la violación de sus derechos por parte de algunas personas, pero principalmente del Estado que desconoce la cosmogonía, forma de organización, espiritualidad y el derecho consuetudinario que rige a los pueblos indígenas.
Figueroa insistió en que el gobierno designa representantes para atender la problemática del pueblo indígena, sin que estos conozcan nada de sus costumbres.
Puso como ejemplo que se habla de que no están organizados y eso no es cierto, cuentan con una excelente organización firme y estipulada, casi ancestral, al menos en la comunidad Bribri, sin embargo, se les impuso la organización a través de las asociaciones de desarrollo, lo que ha sido un «lavado de cerebro» para muchos de sus compañeros.
Con relación al Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas, RTI, elaborado por el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, para la recuperación de los terrenos de las zonas indígenas que se encuentran en manos de blancos, el defensor de los derechos humanos Gustavo Oreamuno, aseguró que ni siquiera se ha avanzado un paso.
Explicó que no están pidiendo que se desaloje a los ocupantes de un solo golpe, pero si desean que el gobierno de alguna muestra de apoyo y avance, expropiando, al menos, uno o dos de los terrenos que fueron señalados por cada grupo indígena.
«Si el Estado hiciera su trabajo que es cumplir la ley estoy seguro de que no habría violencia porque, así como nosotros tenemos derechos, las personas no indígenas también… lamentablemente a nosotros siempre nos ven (como) el pobrecito, los indios, en cambio cuando se habla de un asunto no indígena es dinero, gente con plata, poder económico», argumentó Figueroa.
La parlamentaria Sonia Rojas Méndez, se interesó en detalles sobre la participación de la CONAI en la Mesa Técnica del Gobierno.
Otro de los puntos de mayor relevancia en esta audiencia se relaciona con los problemas de violencia entre indígenas y blancos, por la ocupación de tierras por parte de estos últimos.
El diputado Jonathan Acuña Soto, del Frente Amplio, dejó patente la diferenciación que se debe hacer entre las personas que deben ser indemnizadas porque sus tierras quedaron dentro de los territorios indígenas y aquellas que simplemente deben ser desalojadas porque lo que hicieron fue invadir territorios, por lo que cuestiona que no se haya cumplido con aquellas acciones en las que no se requiere dinero de por medio.
Hicieron referencia a la resolución de la Sala Constitucional que indica que «toda persona no indígena que ingresó después de 1977 es un ocupante ilegal y de mala fe por lo tanto no tiene derecho a indemnización alguna».
Se aprobó una moción para recibir en audiencia a la señora refugiada nicaragüense Claudia Vargas, para que se refiera al Decreto Ejecutivo que introduce cambios en el reglamento de las personas refugiadas y los efectos que este puede tener.
Además, fue aprobada una moción para que se reciba en audiencia a Eduardo Robert Ureña, presidente ejecutivo y a Cindy Bravo, ambos del Instituto de Desarrollo Rural INDER, para que se refieran al avance en el programa de la recuperación de tierras indígenas.
Fuente: El País.cr
