“Ruta del Arroz” ya llevó a muchos a la quiebra, denuncian productores

Costa Rica. Varias decenas de productores de arroz de Guanacaste, Huetar Norte, Pacífico Central y Sur, presentaron una demanda contra el gobierno, ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Calle Blancos.

Los agricultores aseguran estar motivados por la desesperación, debido a la inmediatez con la que se está desmantelando al sector productor arrocero costarricense, como consecuencia de las acciones del actual gobierno, contenidas en la “Ruta del Arroz”.

Prueba irrefutable de ello, es la abrupta reducción de área que se está presentando en el actual periodo arrocero 2022/2023 (que va del 01 de julio 2022 al 30 junio 2023), que se proyecta no llegará a completar ni las 20,000 hectáreas; a diferencia del periodo 2021/2022 en el que se llegó a cultivar un total de 35,317 hectáreas.  Se trata de una caída histórica en la actividad arrocera nacional que ronda el 43% de un periodo a otro.

La convocatoria fue organizada por la Asamblea Nacional de Productores, órgano de la Corporación Arrocera Macional. Para los productores, la “Ruta del Arroz” claramente está fomentando el abasto nacional a partir de importaciones, que están siendo favorecidas por una reducción arancelaria (Decreto N°43642 MAG-MEIC-COMEX) que, a todas luces, dejó a la rama de producción nacional completamente expuesta a un mercado internacional desleal, cuyos precios son el resultado de un mercado de excedentes, donde se aplican grandes subsidios y existen enormes distorsiones al comercio.

Por otro lado, la eliminación de la regulación del precio del arroz (Decreto No 43643 MEIC), generó que la agroindustria arrocera, esté comprando el arroz al productor nacional al precio internacional resultante a partir de esos aranceles reducidos, provocando un pago de precios ruinosos, que rondan los ₡22,000 por saco y que distan considerablemente del precio de ₡27.253 por saco previo a la ruta del arroz, sumado a que los costos de producción han continuado en aumento.

Ante esta situación, los productores temen que su actividad económica desaparezca muy pronto, ya que las alternativas que les ha dado el gobierno distan de ser soluciones viables.

“Todo lo contrario, vemos la compra de arroz por parte del PAI/CNP con grandes problemas presupuestarios por la aplicación de la Regla Fiscal. Ya hay productores de la Región Chorotega a los que se les ha rechazado la compra de arroz, pero, además, se ha fomentado un trato discriminatorio entre productores ya que, los que logran colocar en el PAI/CNP, están recibiendo mayor remuneración que el resto que no lo logra y además el PAI tiene una capacidad limitada de compra que ya están por superar”, aseguró Wendy Vargas, presidenta de la Asamblea Nacional de Productores.

“Estoy preocupado y decepcionado, la incertidumbre es muy grande. A muchos productores el CNP no les está recibiendo y deben vender a otras agroindustrias a precios muy bajos, y a los que sí les está recibiendo, les toca ir a agroindustrias muy pequeñas y el trámite de recibo es más lento; la cosecha apenas está iniciando, dentro de unos días cuando el volumen sea mayor, el problema se agravará”, dijo Henry Morera, productor de Guanacaste, quien vive la crisis en carne propia.

Asimismo, los arroceros consideran que el proyecto legislativo que pretende autorizar al Poder Ejecutivo a realizar pagos directos al productor que tenga menos de 100 hectáreas por una única vez, es ruinoso para ellos y para el propio Estado y además, debe ser aprobado por los diputados y la mayoría han manifestado tener dudas significativas  y no ven viable el beneficio de su aplicación, por ser un “proyecto temporal de pequeña escala en relación con los problemas estructurales del sector”, como recientemente lo demostró el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, según informe AL-DEST-IIN-017-2022, apartado, “Perspectiva jurídica”; páginas 30-31.

Por todo lo anterior, los productores solicitan que se actúe con celeridad, para rescatar esta actividad agrícola que fomenta más de 33,000 empleos en todo el país, y sobre todo en zonas rurales marginales, en donde se ha elevado el nivel de pobreza, desempleo y desigualdad. Que regresen los aranceles del 35%, que su eliminación solo beneficio a los importadores, ya que todos los consumidores confirman en los supermercados que los precios no bajan.

Fuente: El País.cr

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