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Inseguridad alimentaria en Honduras sumará 2.6 millones de personas este año

Honduras. Unos 2.6 millones de hondureños estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda, durante el período de hambre estacional entre junio y agosto de este año, según un informe de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), ligado a un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Dicho informe detalla que la mayor inseguridad alimentaria durante este año, será evidente en el período estacional establecido entre los meses de junio y agosto, período generalmente seco en la región centroamericana, explica el análisis que se hizo bajo la metodología de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases.

Según el estudio realizado en todos los departamentos del país, señala que Cortés es el único con una calificación de inseguridad alimentaria “acentuada”, mientras que los 17 departamentos restantes del territorio hondureño, están bajo “crisis”.

“Se analizaron los 18 departamentos de Honduras, con una población estimada de 9.6 millones de habitantes, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2022. En este análisis se han tomado en cuenta los siguientes elementos de contexto: pandemia de la COVID-19, que aún afectan a nivel global desde marzo de 2020; el alza de los precios de granos básicos y otros alimentos; el aumento en el precio de los insumos agrícolas y de los combustibles; el alza de precios en otros artículos básicos; la pobreza multidimensional”, alerta el informe.

La inseguridad alimentaria, además, es alentada por la “la lenta recuperación económica del empleo formal e informal que continúa siendo afectada por el aumento de casos de la COVID-19 asociado a las nuevas variantes, con la consecuente disminución de fuentes de empleo e ingresos; y el déficit de lluvia que causó pérdidas de los cultivos de granos básicos”.

Para mediados de este año hay una proyección que los 18 departamentos se encuentren «en crisis».

Ante eso, el gobierno entrante, deberá “priorizar y fortalecer los mecanismos de respuesta inmediata interinstitucional de protección social ya establecidos en poblaciones en crisis o emergencia (Fase 3 o mayor de la CIF) para reducir brechas de consumo de alimentos y salvar vidas”, propone el estudio financiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pandemia de inseguridad alimentaria

Alejandra Lemus, especialista en nutrición y alimentación, dijo a HONDUDIARIO que el problema pasa por lo económico en las familias hondureñas, ya que “entre tener y poder existe una brecha gigantesca”, por eso muchas familias sufren inseguridad.

“Yo diría tres tiempos son suficientes, pero nos vamos a la realidad que algunas familias desayunan café con pan, cuando hay de donde, sino solo café. Almuerzo y cena es prácticamente lo mismo frijoles, tortillas, queso, talvez huevo y algún embutido”, opinó.

La profesional de la nutrición valoró el análisis del CIF para este año y para que Honduras no tenga un contexto tan acechado por el hambre, los gobiernos locales y centrales trabajar para que las comunidades vulnerables “se empoderen y sepan que pueden salir adelante a pesar de las limitantes”.

Lemus recomendó que cultiven sus alimentos, pero de una de manera sostenible, respetando el medio ambiente, y que esa producción sea para autoconsumo y venta. Además, la crianza de aves, de donde se pueden vender huevos y que esa ganancia sea destinada a complementar eso que quizá les falta, pero ya educados no gastarían su dinero en alimentos de poca o nula calidad nutricional.

“Por ejemplo cultivando rábanos, se pueden aprovechar las hojas para prepararlas con huevo, lo demás con frijoles, tortilla y quizá un producto lácteo ya estamos hablando de algo más completo a nivel nutricional”, recomendó.

La especialista en nutrición radicada en Siguatepeque, Comayagua, concluyó que los informes “se quedan en papeles y no hay un accionar de actores que pueden generar un cambio, un desarrollo y que eso mejore la calidad de vida de muchas personas que a esta hora quizá solo andan con café en su estómago”.

Los departamentos con mayor severidad son: Gracias a Dios (43%), Lempira (32%) y La Paz (30%), siendo estos últimos dos departamentos zonas productoras de granos básicos de subsistencia y cultivo de café. El análisis refleja que los departamentos con mayor magnitud son: Francisco Morazán (362,000 personas), Cortés (352,000 personas) y Yoro (181,000 personas).

El informe, además, concluye que la “situación del empleo, formal e informal, principalmente en los sectores más afectados como el agrícola, comercio y turismo, a fin de valorar el nivel de recuperación de los efectos causados por la pandemia del COVID-19, así como verificar los hogares afectados por fenómenos climáticos o factores socio-políticos”, deben ser aspectos monitoreados con esmero. 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DICIEMBRE DE 2021 – FEBRERO DE 2022)

Se analizaron los 18 departamentos de Honduras, con una población estimada de 9.6 millones de habitantes, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2022.

En este análisis se han tomado en cuenta los siguientes elementos de contexto: pandemia de la COVID-19, que aún afectan a nivel global desde marzo de 2020; el alza de los precios de granos básicos y otros alimentos; el aumento en el precio de los insumos agrícolas y de los combustibles; el alza de precios en otros artículos básicos; la pobreza multidimensional subyacente; la lenta recuperación económica del empleo formal e informal que continúa siendo afectada por el aumento de casos de la COVID-19 asociado a las nuevas variantes, con la consecuente disminución de fuentes de empleo e ingresos; y el déficit de lluvia que causó pérdidas de los cultivos de granos básicos. Para la situación actual el análisis clasifica en Crisis alimentaria (Fase 3 de la CIF) a todo el país, a excepción del departamento de Cortés que se clasificó en Fase Acentuada (Fase 2 de la CIF); los departamentos de Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Intibucá y

El Paraíso son los más afectados. Las personas en condiciones de Emergencia alimentaria (Fase 4 de la CIF) son alrededor de 241 mil (3% de la población analizada), y en condiciones de Crisis alimentaria (Fase 3 de la CIF) son alrededor de 1.9 millones, equivalente al 21% de la población analizada.

 La mayor magnitud de la inseguridad alimentaria aguda en condición de Crisis o Emergencia alimentaria (Fases 3 o peor de la CIF) se presenta en el departamento de Francisco Morazán con más de 362 mil personas (21% de su población), seguido del departamento de Cortés con más de 352 mil personas (19% de su población) y Yoro con más de 181 mil personas (28% de su población).

En el país, alrededor de 2.2 millones de personas se encuentran en Crisis o Emergencia alimentaria (Fases 3 o peor de la CIF), que viven en hogares con deficiencia importante en el consumo de energía alimentaria que solo pueden enfrentar mediante el agotamiento de sus activos y recurriendo a estrategias de afrontamiento y consumo consideradas de Crisis o Emergencia. Durante el período analizado, alrededor del 7% de hogares reportan un consumo límite y pobre según el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA). Y referente a las Estrategias de Consumo de Alimentos (rCSI por sus siglas en inglés) según datos del PMA un 22 % de hogares a nivel nacional se ubica en Fase 3 o peor, siendo cinco departamentos (Santa Bárbara, Cortés, Colón, Copán y Comayagua) los que reportan más del 25% de hogares en Fase indicativa de Crisis (Fase 3 de la CIF). En el departamento de Santa Bárbara alrededor de tres de cada 10 hogares (28%) se encuentran en esta situación.

En este mismo estudio, en relación al número de comidas al día, a nivel nacional un 26% de los hogares refieren hacer dos tiempos de comida al día, siendo Santa Bárbara el que refleja a cuatro de cada 10 hogares en esta situación. En relación a las Estrategias de Afrontamiento de Medios de Vida, según estudio CATI de PMA, un 31% de hogares redujo sus gastos esenciales, un 33% de hogares agotó sus ahorros en gastos alimentarios, y el 17% recurrió a la venta de bienes productivos.

Las prevalencias de desnutrición aguda, según comportamiento histórico, han sido inferiores al 5% y la mortalidad en menores de 5 años de edad asociada a la inseguridad alimentaria aguda es mínima, indicativo del impulso de programas y acciones de protección a menores en ese rango de edad.

 Los factores determinantes de la inseguridad alimentaria son: la lenta recuperación de empleos (principalmente en el sector informal, turismo, industria, construcción, maquila, transporte y agrícola); la reducción de áreas de siembra, a fin de recuperar las tierras de cultivos afectadas por Eta y Iota; las pérdidas de granos básicos y otros cultivos (hortalizas, caña, entre otros); asimismo, la reducción de las reservas de granos básicos en el hogar; el aumento en los precios de los combustibles, de insumos agrícolas y otros insumos que favorecen la productividad; la tendencia al aumento de precios de granos básicos; y el paulatino crecimiento de la disponibilidad de mano de obra y del comercio informal.

Estas limitaciones están mayormente asociadas al avance de la vacunación y al surgimiento de nuevas variantes de la COVID-19 que provocan el ausentismo laboral a nivel nacional. A esto se suma que en un alto porcentaje de los departamentos analizados existen condiciones de servicio de agua no tratada adecuadamente, y alrededor de 3 a 4 hogares no cuentan con servicio sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico, lo cual fue agravado por los efectos de los huracanes de finales de 2020. Todos los departamentos reportan hogares en condiciones de Emergencia (Fase 4 de la CIF), siendo el departamento de Gracias a Dios el que reporta la mayor proporción de población en esta condición con cerca del 8% (9,000 personas).

 En estos hogares el acceso y la disponibilidad de alimentos y utilización se estaría considerando como un factor limitante extremo. El comportamiento de la pandemia, la poca cobertura de vacunación efectiva del esquema completo y de su refuerzo, aunado al surgimiento de las nuevas variantes de la COVID-19 podría provocar que en este período un incremento de casos, exista mayor ausentismo laboral y escolar, y provoque que la productividad y la generación de ingresos se vea limitada, a pesar de que los mercados y las restricciones de movilidad han desaparecido. Los hogares en Crisis o Emergencia (Fases 3 o peor de la CIF) generan sus ingresos principalmente mediante el ofrecimiento de su mano de obra, el trabajo de jornal, pesca artesanal, comercio informal y la participación en actividades relacionadas al turismo y agricultura.

 Estos grupos de hogares son los que generalmente gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos, y coinciden con los hogares pobres extremos y que tienen un mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas.

RESUMEN DE LA PRIMERA SITUACIÓN PROYECTADA (MARZO – MAYO DE 2022)

Para la primera situación proyectada, marzo a mayo 2022, se prevé que alrededor de 2.4 millones de personas (25% de la población) se encuentran en condiciones de Crisis o Emergencia (Fases 3 o 4 de la CIF) donde se requiere apoyo urgente con intervenciones de respuesta enfocadas en salvar vidas y medios de vida con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, asistencia monetaria y distribución de activos, de acuerdo con los factores claves y limitantes identificados.

Para este período proyectado se espera que todos los departamentos, excepto Atlántida y Cortés, continúen en situación de Crisis alimentaria (Fase 3 de la CIF) con aproximadamente 2.1 millones de personas (22%), mientras que en la Fase Emergencia (Fases 4 de la CIF) se encontrarían aproximadamente 282 mil personas (3%). Los departamentos que tendrían la mayor severidad en condiciones de Crisis o Emergencia (Fases 3 o 4 de la CIF) serían Gracias a Dios (10% en Fase 4 y 40% en Fase 3); Lempira (5% en Fase 4 y 30% en Fase 3); Intibucá y La Paz (5% en Fase 4 y 28% en Fase 3) y Santa Bárbara (5% en Fase 4 y 25% en Fase 3).

 En términos de la población afectada, en Fase 3 o peor, los departamentos que reportarían un mayor número de personas serían Francisco Morazán con cerca de 379 mil, Cortés con 315 mil y Yoro con 207 mil en dicha situación. De acuerdo al calendario estacional, marzo marca la finalización de la temporada alta de demanda de mano de obra en cultivos comerciales tales como el café y la caña de azúcar; pero continúa para algunos productos como hortalizas y se generan opciones para apoyar la siembra de granos básicos en el ciclo de Primera (mayo).

Por lo anterior, la demanda de mano de obra rural y el ingreso asociado tiende a disminuir estacionalmente. En cuanto a la producción de granos básicos, la mayoría de los productores tienen un último ciclo, la Postrera, cuya cosecha concluye en marzo, y unas pequeñas áreas tienen un ciclo adicional, principalmente para la producción de frijol rojo. Por lo tanto, a partir de abril, el mercado se abastece principalmente de las reservas provenientes de las últimas cosechas y, en menor medida, de la importación de granos básicos, mientras que la demanda por parte de los hogares productores empieza a elevarse, a medida que consumen sus propias reservas.

Debido a esta dinámica, los precios reportados durante ese período inician un alza estacional, reduciendo la capacidad adquisitiva de la población, tanto la urbana, que depende principalmente de la compra, como la rural.

Para el primer período de proyección, se consideran los factores estacionales mencionados más otros factores coyunturales de acuerdo con la situación observada en la situación actual. Los últimos meses de 2021 y enero de 2022 se caracterizaron por un incremento atípico en los precios de los combustibles y de los fertilizantes que, aunado a las dificultades en la logística del comercio internacional, influyeron en un alza de la tasa de inflación, repercutiendo en los precios de los servicios y los alimentos.

Se prevé que este escenario continúe para el período de marzo a mayo de 2022, aunque las proyecciones de inflación general y alimentaria para Honduras se sitúan alrededor del 3%, para ambas, lo que significa que el ritmo inflacionario disminuirá levemente. Sin embargo, las proyecciones indican igualmente que los costos de transporte y servicios aumentarán aún más.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Honduras (BCH), el país reporta un crecimiento económico al retomarse las actividad suspendidas o disminuidas durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, tal como los sectores de comercio, hotelería (turismo) y servicios.

Sin embargo, en lo referente al desempleo, las proyecciones se sitúan alrededor del 7.4%, más allá de la tendencia estacional. Esto significa una leve recuperación de lo reportado en 2020 (10.90%) influenciado por las restricciones de movilización impuestas por el COVID-19, y relacionado con el subempleo y la informalidad laboral.

Por otro lado, las remesas continuarán reportando valores elevados, superando las cifras previas a la pandemia del COVID-19, que permiten un dinamismo económico y apoyan al consumo de los hogares receptores.

No obstante, los hogares más pobres no son receptores de estas. Respecto a la pandemia del COVID-19, no se descarta la incidencia en el aumento de casos aunado al surgimiento de nuevas variantes. Sin embargo, se prevé que el aumento en la cobertura de vacunación y otras estrategias similares marquen el enfoque de respuesta a la enfermedad por parte del gobierno, lo que permitirá reducir el riesgo de muerte y de presentar complicaciones, que tienden a presionar al sistema de salud, sin necesidad de recurrir al restablecimiento de las medidas restrictivas que afectaron significativamente la economía nacional y de los hogares en los inicios de la pandemia.

 Por último, se considera que el cambio de gobierno a inicios de año pueda tener un impacto temporal que podría modificar el funcionamiento e implementación de los programas gubernamentales, debido a la incorporación de nuevo personal y en las estrategias que se elijan llevar a cabo.

RESUMEN DE LA SEGUNDA SITUACIÓN PROYECTADA (JUNIO – AGOSTO DE 2022)

Para la segunda situación proyectada, junio a agosto de 2022, se prevé que alrededor de 2.6 millones de personas (28% de la población) se encontrarán en condiciones de Crisis o Emergencia (Fase 3 o 4 de la CIF) presentando las peores condiciones alimentarias en relación a los dos períodos anteriores analizados.

Los hogares en Fases 3 o 4, requieren apoyo urgente con intervenciones de respuesta enfocadas en salvar vidas y medios de vida con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, asistencia monetaria y redistribución de activos, de acuerdo con los factores clave y limitantes identificados. Para este período proyectado se espera que la situación de inseguridad alimentaria en general del país continúe en condiciones de Crisis (Fase 3 de la CIF), a excepción del departamento de Islas de la Bahía que se cataloga en Fase Acentuada (Fase 2 de la CIF), debido a la estacionalidad de la actividad turística, que es la base de los medios de vida de una gran proporción de la población.

A nivel nacional, cerca de 353 mil personas (4%) estarían en Emergencia (Fase 4 de la CIF) y cerca de 2.3 millones de personas (24%) estarían en Crisis (Fases 3 de la CIF).

Los departamentos que tendrían la mayor severidad de inseguridad alimentaria aguda en condiciones de Crisis o Emergencia (Fases 3 o 4 de la CIF) serían Gracias a Dios (45%); La Paz, Lempira y Santa Bárbara (37%) e Intibucá (36%).

En términos de la magnitud de Crisis o Emergencia, los departamentos con mayor población serían Cortés con 408 mil, Francisco Morazán con 397 mil, Yoro con 226 mil, Santa Bárbara con 179 mil, y Olancho con 172 mil personas cada uno, en dicha situación.

De acuerdo al calendario estacional, los meses de junio a agosto corresponden al ciclo de Primera orientado prioritariamente a la siembra de maíz y frijol, se genera entonces actividad económica asociada al jornal agrícola.

En la segunda proyección se plantea un escenario de insumos agrícolas con precios elevados, los precios de los granos básicos mantienen una tendencia ascendente por encima del promedio de los últimos 5 años durante todo el período del hambre estacional, cuando la demanda de los hogares aumenta por el agotamiento de las reservas en los hogares y la disminución de la oferta en el mercado nacional, que está a la expectativa de la cosecha del ciclo de Primera.

En el segundo período proyectado se espera una canícula normal y la probabilidad de condiciones neutras del fenómeno ENOS, con un 50%, por lo que se prevé que los acumulados de lluvia se mantengan dentro de los parámetros normales, lo que favorecería el desarrollo de los cultivos de Primera.

Para el sector manufactura, se espera que mantenga el crecimiento observado en 2021, contribuyendo a la recuperación del empleo formal. Se prevé que exista un alza en los precios de los granos básicos y que con eso se de una limitación en la capacidad adquisitiva de la población. El COVID-19 se mantiene con una proyección conservadora de acuerdo a la incidencia en las temporadas de mayor movilidad de población y del comportamiento del virus.

En general, a nivel nacional, las remesas son un factor que contribuirá a evitar un mayor deterioro de la situación de inseguridad alimentaria para el período proyectado, particularmente en los departamentos de Yoro, Atlántida, Olancho, Cortés y Francisco Morazán, donde las remesas son los ingresos de los que dependen entre un 7% a 23%.de hogares, esta condición es conservadora en dependencia de la situación internacional de la pandemia del COVID-19, que es un factor clave en la recesión económica a nivel mundial.

Para esta segunda proyección son factores de riesgo a monitorear: las condiciones subyacentes de pérdidas de cultivos principalmente por sequía, la baja estacional en las opciones de empleo rural, la progresión de la recuperación del empleo, la evolución de la pandemia del COVID-19, las limitaciones a la economía, el incremento de la migración irregular y el shock de precios de los productos de la canasta básica e insumos agropecuarios, que podrían incrementarse. Se estima que los factores anteriormente mencionados estarían influyendo en los patrones de consumo de la población mediante limitaciones de acceso y disponibilidad de alimentos.

Fuente: (Josué Quintana /Hondudiario)

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