El Salvador. El régimen de excepción, medida implementada en El Salvador para «combatir» a las pandillas tras una escalada de asesinatos a finales de marzo pasado, durará «el tiempo que sea necesario», afirmó este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Más de dos meses suma ya el país bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días tras la escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), y ampliado dos veces.
Al ser preguntado en un entrevista en un canal local sobre ¿cuánto tiempo más va ser necesario el régimen de excepción?, el funcionario respondió: «El tiempo que sea necesario, la misión va más allá del tiempo, la misión es erradicar a estos grupos terroristas», en referencia a las pandillas.
«(El estado de excepción) lo vamos a implementar las veces que sea necesario, porque representamos a millones de salvadoreños que no queremos ya este cáncer (de las pandillas) dentro de nuestras comunidades», subrayó Villatoro.
Dicho régimen suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.
Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la «guerra» contra las pandillas con más de 37.500 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1 % podría ser «error».
El ministro de Justicia y Seguridad dijo, sin brindar nombres ni detalles, que han sido capturados en el marco de dicho régimen seis de los quince líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) en el país.
La implementación del régimen de excepción en el país centroamericano ha levantado las alarmas de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por la posible violación a derechos humanos que esto constituye.
Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, ve con preocupación que el régimen de excepción se vuelva la «norma» y que «termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho» en el país centroamericano, según dijo en una entrevista reciente con Efe su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.
El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener vínculos con las llamadas maras, y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal.
Estas denuncias superan las 1.800 con las más de 700 recabadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Fuente: La Estrella de Panamá.
