Honduras. El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams y la Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, anunciaron los cargos de tráfico y armas contenidos en una acusación contra Juan Orlando Hernández “JOH”, el expresidente de Honduras.
El caso está pendiente ante el Juez Federal de Distrito, Kevin Castel. Se espera que Hernández, de 53 años, de nacionalidad hondureña, llegue este mismo jueves al Distrito Sur de Nueva York y tendrá su comparecencia inicial este 22 de abril de 2022, ante el juez magistrado Stewart D. Aaron.
Según el Departamento de Justicia de EEUU, desde al menos alrededor de 2004, hasta e incluyendo alrededor de 2022, Hernández, el expresidente de Honduras durante dos mandatos, presuntamente participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares.
El Fiscal General, Merrick B. Garland dijo que, “el Departamento de Justicia está adoptando un enfoque integral para proteger a nuestras comunidades y nuestro país de los delitos violentos. El Departamento está comprometido a interrumpir todo el ecosistema de las redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar”.
Por su parte, el fiscal federal, Damian Williams, dijo que, “Juan Orlando Hernández, el reciente ex presidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. . Se alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, alertándolos sobre posibles interdicciones y sancionando la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. Felicito a los fiscales de carrera del Distrito Sur de Nueva York por sus incansables esfuerzos para interrumpir todo el ecosistema del tráfico ilícito de drogas, desde traficantes callejeros hasta un exlíder mundial, y todo lo demás”.
Asimismo, la administradora de la DEA, Anne Milgram, mencionó que, “la extradición de hoy muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción. La investigación de varios años de la DEA reveló que Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras, fue una figura central en una de las conspiraciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Hernández usó las ganancias del tráfico de drogas para financiar su ascenso político y, una vez elegido presidente, aprovechó los recursos policiales, militares y financieros del Gobierno de Honduras para promover su plan de tráfico de drogas.
De acuerdo con las alegaciones contenidas en la acusación de reemplazo, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:
Hernández protegió a algunos de los narcotraficantes más grandes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias «Tony Hernandez», de investigación, arresto, y extradición; hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los narcotraficantes para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras, con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del ejército hondureño que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras; y sancionó la violencia brutal.
Como congresista, luego presidente del Congreso Nacional de Honduras y finalmente presidente de Honduras durante dos mandatos, Hernández supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de cocaína, que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral. mientras que el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada.
Desde al menos alrededor de 2004, las organizaciones de narcotraficantes en Honduras han trabajado juntas para recibir toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Estas organizaciones luego transitaron la cocaína hacia el oeste en Honduras hacia su frontera con Guatemala y, finalmente, al norte de los Estados Unidos.
Durante este tiempo, los miembros de esta conspiración transportaron más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras y hacia los Estados Unidos. Para garantizar que estos envíos masivos de cocaína pasaran con seguridad por Honduras, las organizaciones narcotraficantes más grandes de la región obtuvieron el apoyo y la protección directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluido Hernández.
Como congresista y luego presidente de Honduras, Hernández se asoció, entre otros, con el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. En o alrededor de 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.
Hernández envió a “Tony” y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el soborno de 1 millón de dólares de Guzmán Loera. A cambio, Hernández prometió continuar protegiendo las actividades de narcotráfico del Cartel de Sinaloa en Honduras.
En o alrededor de 2013 y 2014, Hernández se asoció con un traficante de cocaína hondureño violento y a gran escala llamado Geovanny Fuentes Ramírez. Durante múltiples reuniones entre ambos, Fuentes Ramírez sobornó a Hernández para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico. Hernández informó a Fuentes Ramírez, en parte, que Hernández quería que Fuentes Ramírez se asociara con “Tony”, quien estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras, y que Hernández iba a “meter la droga en las narices de los gringos”.
Además de Guzmán Loera y Fuentes Ramírez, algunos de los traficantes más prolíficos de Honduras y Guatemala proporcionaron a Hernández sobornos provenientes de las ganancias de las drogas para apoyar su carrera política a cambio de la protección y la colaboración de Hernández en su narcotráfico. Hernández usó estos sobornos alimentados con cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como presidente en 2013 y 2017. En relación con las elecciones de 2013 y 2017, Hernández dirigió a los miembros de esta conspiración para sobornar a políticos y funcionarios electorales con drogas. procede a asegurar que Hernández gane la presidencia.
En 2018, “Tony” fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en esta conspiración, y posteriormente fue condenado después del juicio el 18 de octubre de 2019. Mientras el caso de “Tony” estaba pendiente, Hernández continuó coordinando de cerca con grandes traficantes a gran escala, entre ellos Fuentes Ramírez, que continuaron pagando sobornos a Hernández para obtener protección.
Además, durante el juicio de “Tony”, se introdujeron como evidencia registros de drogas pertenecientes a otro exnarcotraficante hondureño y coconspirador, mencionado en la Acusación de Superación como “CC-2”. Estos libros de contabilidad contenían, entre otras cosas, anotaciones con el nombre de “Tony” y “JOH”, las iniciales de Hernández, junto con los asientos correspondientes que reflejaban grandes pagos a Hernández y “Tony”.
En la tarde del 27 de enero de 2022, “JOH” fue acusado en la acusación de reemplazo y se emitió una orden de arresto en su contra.
El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado y detenido por las autoridades hondureñas a pedido de los Estados Unidos. Posteriormente, Estados Unidos presentó una solicitud formal de extradición, que fue concedida por el juez de instrucción de Honduras. Hernández apeló la decisión de extradición ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras. El 28 de marzo, la Corte Suprema de Honduras rechazó su apelación. El 6 de abril, el Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras determinó que la apelación final de Hernández era inadmisible. El 13 de abril, el Gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril.
Hernández está acusado de tres cargos: (1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.
Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que el juez determinará la sentencia del acusado.
El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia en el arresto y extradición de HERNANDEZ.
Este enjuiciamiento es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Se puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Narcóticos Internacionales y Seguridad Nacional de la Oficina del Fiscal Federal. Los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow están a cargo de la acusación.
Los cargos en la acusación de reemplazo son meras acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Fuente: GO/Hondudiario
