«Tenemos mucha preocupación acerca del rumbo de nuestra relación bilateral con El Salvador»: Ricardo Zúñiga

El Salvador. En una entrevista exclusiva con LA PRENSA GRÁFICA, el ahora secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental habló sobre el punto en el que se encuentra la relación entre Estados Unidos y El Salvador, y sobre la negociación de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional.

Ricardo Zúñiga tuvo una primera prueba de fuego acercándose a una América Latina convulsa en marzo de 2021, cuando fue enviado especial al puente para la región que significa el Triángulo Norte de Centroamérica. Ahora, recién nombrado secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, amplía la mirada pero sin dejar de ocupar los ejemplos que proveen El Salvador, Guatemala y Honduras para mandar mensajes: Estados Unidos quiere recuperar relaciones con gobiernos como el de Nayib Bukele, pero para que eso ocurra deben cambiar las vulneraciones al Estado de derecho y comportarse más como aliados y menos como adversarios.

En la administración Biden, según Zúñiga, existe una gran preocupación ante el rumbo y el distanciamiento que ha tomado la relación entre Estados Unidos y El Salvador. Pero el secretario reafirma que se mantiene el interés por buscar un punto de entendimiento con Bukele, aunque las acciones del presidente, de algunos de sus funcionarios y de «actores vinculados al gobierno» aumentan el distanciamiento.

Zúñiga cuestiona a los funcionarios salvadoreños que pretenden «meterse» en la política interna estadounidense, atacando a funcionarios estadounidenses y pide que se respete el tratado de extradición, en un contexto en el que su país pide a cabecillas de pandillas para que enfrenten cargos en cortes federales.

Sobre la postura de Estados Unidos ante un acuerdo estancado entre El Salvador y el FMI por $1, 300 millones, Zúñiga responde: «como un socio del Fondo y un miembro activo del Fondo, sabemos que el vínculo entre el Estado de derecho, la gobernanza, la transparencia, el cumplimento y el éxito de cualquier programa están sumamente relacionados».

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Desde su nombramiento como enviado especial para la región del Triángulo Norte, hasta ahora, han pasado muchas cosas que han marcado distanciamientos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar esos distanciamientos?

Primero, es importante subrayar que las decisiones del gobierno son decisiones soberanas. No estamos tratando de imponer algún modelo extranjero. Al contrario. Hemos tratado de fortalecer el cumplimiento de los marcos constitucionales que existen, y siempre hemos llamado la atención a ese elemento: al cumplimiento del marco legal jurídico. Queda claro que hay una resistencia a la transparencia por parte de algunos actores que piensan que su éxito personal depende de poder trabajar en la oscuridad.

Para la Administración hay un conjunto de condiciones que tienen que existir para que veamos un crecimiento sostenible. La creación de oportunidades y empleos son la pieza fundamental y para eso en Centroamérica tiene que haber democracia, porque podemos ver los ejemplos que van en contra de eso.

El modelo autoritario no funciona en las Américas cuando se habla del crecimiento económico. Hay ejemplos que existen en la zona, donde hemos visto fracasos económicos; mientras que, en los países más democráticos, vemos una actividad y un éxito social mayor.

En Centroamérica, esa falta de oportunidades, el escepticismo, es parte de lo que estamos viviendo: la salida masiva de poblaciones. Pero aparte de eso, están las otras condiciones cuando no hay un Estado de derecho. Las empresas y los inversionistas domésticos no ponen dinero, no toman el riesgo de colocar nuevas empresas. Esas condiciones, esa falta del Estado de derecho, esa falta de transparencia, son parte de lo que está minando las condiciones sociales. Esa es la preocupación que tenemos.

En este año hemos visto una dinámica de reacciones negativas y opuestas a los pasos que tenía planeado dar Estados Unidos en la región. Pidieron una CICÍES fuerte e independiente, y Bukele anunció su terminación. Exigieron respeto a las cortes constitucionales, y en El Salvador se golpeó a la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo explican sus actuaciones, que en algunos tramos pudieron ser calificadas como pacientes o tolerantes con Bukele? Ahora vemos que ataca ferozmente a la exencargada de negocios Jean Manes, a congresistas y al mismo presidente Biden.

Hay varios elementos aquí. Primero, nuestra política es de fortalecer la relación que existe entre Estados Unidos y El Salvador. Tenemos un compromiso histórico con el pueblo de El Salvador, en las donaciones de las vacunas podemos ver eso.

En el esfuerzo de mantener un Estado de derecho y el marco constitucional, vemos eso. Nosotros no apoyamos a un partido en particular, ni a individuos. Apoyamos al Estado de derecho y al marco constitucional porque sabemos, y queda claro, que es la mejor manera de fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo social.

También entendemos que tenemos que enfrentar políticas de varios países a nivel mundial. El gobierno del presidente Biden ha anunciado que el esfuerzo contra la corrupción, y por la buena gobernanza, son un eje central.

Nosotros tenemos mucha preocupación acerca del rumbo de nuestra relación bilateral con El Salvador. Somos el socio comercial más importante de El Salvador, tenemos esta comunidad enorme en los Estados Unidos, de salvadoreños que contribuyen todos los días al éxito de Estados Unidos. Tenemos un flujo migratorio regular e irregular que tenemos que tratar.

Al final de cuentas, lo que nos preocupa a nosotros es que haya acciones que pongan en peligro esa relación que históricamente ha sido muy importante; y que están siendo tomadas sin la voz, sin el entendimiento del pueblo de El Salvador.

Parte de esto está vinculado al hecho de que el control de la información ha sido muy intenso. Hay una mixtura del uso, por parte de elementos de un gobierno, pero también con actores vinculados al gobierno, pero no oficiales, que montan estos ataques a la encargada de negocios o hacia actores en nuestro Congreso. Nosotros sabemos que es con el apoyo de las autoridades.

Usan el sitio de Twitter para tratar de meterse en la política doméstica de Estados Unidos. Claramente, nosotros hemos evitado hacer eso; mientras que hemos visto un esfuerzo que, como he dicho en otras ocasiones, es más comparable con las acciones de un país adversario que el de un aliado, en términos de meterse en la política doméstica de Estados Unidos. Eso es algo que no se permite, y hemos oído las preocupaciones que tienen al respecto republicano como los demócratas.

Lo que sí estamos tratando de hacer es subrayar que siempre estamos abiertos al diálogo, que nuestro esfuerzo es de apoyar el crecimiento de El Salvador. Porque ese crecimiento y ese éxito nos favorece a nosotros también.

El éxito de El Salvador es un éxito para Estados Unidos, nuestras relaciones están tan vinculadas y nuestros futuros están tan vinculados que para nosotros es importante tener, vamos a tener, un papel activo porque lo que pasa en Centroamérica nos afecta.

Como también hemos dicho, tenemos que ser muy claros: vemos el fortalecimiento del Estado de derecho como una pieza fundamental para ese éxito.

Cuando se dieron los primeros ataques hacia congresistas, el representante Albio Sires se pronunció en contra y dijo que si hay intentos de entrometerse en la política interna de Estados Unidos, el asunto podría tratarse como un problema de seguridad nacional. Pero seguimos viendo acciones específicas. Esta semana, Bukele dijo que los contribuyentes estadounidenses deben saber que Estados Unidos está patrocinando las marchas y patrocinando a grupos comunistas en El Salvador. ¿No es eso una clara intromisión en la política doméstica de Estados Unidos y en cuestiones internas de Estados Unidos?

Bueno, hay casos más claros aún. Por ejemplo, en términos de apoyar a ciertas fuerzas, contra otras fuerzas domésticas en campañas domésticas en Estados Unidos que no tienen nada que ver con El Salvador.

Lo que estoy diciendo es que estas acciones, infelizmente, están deteriorando la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador. Y no solamente con algunos elementos de Estados Unidos, sino que con el país.

Nosotros seguimos siendo el socio comercial más importante de El Salvador. Cuando otros actores, inversionistas, bancos, ven que tenemos autoridades que están minando la relación con el actor económico más importante, con el socio económico más importante de El Salvador, les preocupa y tiene un efecto económico muy grande y afecta de una forma negativa.

¿Se ha considerado el involucramiento o la participación de la vicepresidenta en esta situación, considerando que ella lidera el Task Force para Centroamérica?

Claro que sí. Lo que puedo decir es que los altos niveles del gobierno de los Estados Unidos ponen la situación en Centroamérica como un elemento esencial para nuestro éxito en la región, no solamente en cuestiones de migración; sino también en términos de desarrollo humano de la zona.

Esta zona tiene un impacto enorme para los Estados Unidos; y también con México hemos trabajado y platicado acerca de la situación en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también en Nicaragua. México también tiene un interés bien fuerte de atender a las necesidades económicas, sociales y políticas de Centroamérica.

¿Qué esperaba la administración Biden de parte del gobierno de El Salvador cuando se publicó el primer grupo de la Lista Engel?

Hay que acordarse que esto se trata de individuos, donde hay información de actuación real de actos de corrupción, actos en contra del marco democrático de un país. Tenemos la obligación de indicar eso en este reporte, de indicar eso en el Congreso.

Nuestra esperanza era que donde existían elementos de involucramiento en la corrupción, por ejemplo, que los mismos gobiernos actuaran para tomar eso, de esos individuos, en cuenta.

Seguimos y seguiremos señalando cuando haya información para dar sustancia a las preocupaciones que tenemos y seguiremos añadiendo nombres a esta lista.

En otros países, los gobiernos o los presidentes separan a los funcionarios que son señalados en casos de corrupción o con vínculos con el crimen organizado o el narcotráfico. En El Salvador, lejos de ver una actitud como esta, vimos burlas hacia la lista y el mismo presidente restó credibilidad al documento. ¿En algún momento espero la Administración alguna actitud diferente del gobierno de El Salvador?

Antes que todo, estas son decisiones soberanas de los Estados, a cerca del personal que está vinculado con su gobierno. Ellos tienen que tomar esas decisiones. Nosotros tenemos la evidencia para apoyar la inclusión de estos nombres en varias listas, inclusive en la lista de Global Magnitsky, que son procesos serios, que requieren bastante información y esa información existe. Lo que pasa después y lo que deciden los gobiernos o cómo van a responder a estos casos, que consideramos muy graves y serios, será decisión de ellos.

¿Qué otra información hay sobre las posibles consecuencias de la lista de Global Magnitsky y la posibilidad de que el Departamento de Justicia acuse de forma penal a los funcionarios salvadoreños señalados?

No tengo nada que añadir. Esta pregunta sería al Departamento de Justicia.

De acuerdo con la información, las investigaciones que tienen que ver con el caso de Osiris Luna y Carlos Marroquín iniciaron en 2019, bajo la Administración Trump y bajo el trabajo de la Fuerza de Tarea Vulcano. ¿Qué otra información hay sobre este caso?

No voy a entrar en detalles sobre los elementos del gobierno que están tratando el asunto. Pero es importante subrayar que hay un interés por la extradición de personas que han estado involucrados en crímenes cometidos en los Estados Unidos.

Hay un acuerdo que tenemos con el gobierno de El Salvador. Solamente pedimos cumplimiento con el acuerdo existente y seguir en cooperación contra las pandillas que han afectado, aterrorizado a ciudadanos tanto en Estados Unidos como en El Salvador.

Nosotros pensamos que sería muy importante movernos hacia adelante con estos varios pedidos, que son importantes para el cumplimiento de la justicia y el alcance de la justicia tanto de ciudadanos salvadoreños como de ciudadanos norteamericanos.

¿Qué opina sobre la negativa del gobierno salvadoreño de extraditar a estos pandilleros y de que El Salvador no quiere cumplir con el tratado de extradición que está vigente?

Lo más importante aquí es que seguimos trabajando para conseguir esa extradición, porque sabemos que muestra la importancia al compromiso en la lucha contra la criminalidad que afecta tanto a salvadoreños como a estadounidenses. Seguiremos tratando de impulsar el cumplimiento de este tratado que tenemos entre los dos países.

El FMI ya dijo que todo esto de lo que hemos hablado está relacionado a la negociación, pausada, de un préstamo para El Salvador. El FMI ha pedido lo mismo que la Administración Biden: respeto al Estado de derecho y a la democracia. ¿Estados Unidos ha recomendado al FMI algo sobre la negociación con El Salvador?

Las condiciones las determina el Fondo Monetario, nosotros apoyamos que existan estas condiciones. Como un socio del Fondo y un miembro activo del Fondo, sabemos que el vínculo entre el Estado de derecho, la gobernanza, la transparencia con la actuación, el cumplimento y el éxito de cualquier programa están sumamente relacionados.

Para nosotros es una decisión económica. Cuando deciden comprometerse a la transparencia, un gobierno pone claro que tratará de forma transparente su economía y el funcionamiento del gobierno, porque esto es lo que está fortaleciendo la confianza de los inversionistas extranjeros y domésticos, de que estarán seguros en un país.

Nosotros no imponemos las condiciones en el Fondo, pero las apoyamos y no solamente en el Fondo Monetario, sino que también en otras instituciones multilaterales bancarias. Apoyamos condiciones vinculadas a la gobernanza porque sabemos que es fundamental para el éxito de cualquier programa de desarrollo.

Por último: ¿Qué lectura hace Washington de la Ley Bitcoin, del anuncio de Bitcoin City?

Dos elementos son muy importantes: primero, son decisiones soberanas del gobierno de El Salvador y de las autoridades salvadoreñas acerca de cómo sucede. Sabemos que un proceso e instituciones transparentes siempre van a poder esclarecer dudas que puedan existir acerca de cualquier programa o iniciativa económica de un país.

Hay muchas preguntas acerca del uso de criptomonedas en general, sabemos que este es un experimento, pero cualquier cosa que se haga se debe hacer dentro de un marco sumamente transparente; y que goce de garantías acerca del movimiento de fondos para asegurar que no se utilicen para acciones ilícitas, por ejemplo. Eso es fundamental en cualquier mecanismo financiero económico.

Segundo, como comenté antes, estamos muy preocupados por el rumbo económico del país. Para eso hay que enfocarse en lo fundamental y, vuelvo al asunto, poner en riesgo la relación bilateral con su mayor socio económico no nos parece que va a fortalecer la confianza ante los inversionistas.

No hay una solución mágica. Hay una solución clara que requiere del esfuerzo por parte del Estado para garantizar transparencia y el acceso igual a todas las partes a la justicia. Eso es más importante que cualquier solución novedosa que pueda existir por ahí. Y para poder fortalecer esto siempre estamos abiertos al diálogo. Como dije antes, para nosotros es de suma importancia la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador. (laprensagrafica)

Fuente: La Prensa Gráfica.

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