Centroamérica. El secretario, Antony J. Blinken, anunció restricción de visas a funcionarios y políticos que afectan la democracia a través de actos de corrupción como medida de apoyo a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según el informe, EE. UU., está presentando una nueva facultad de restricción de visas como parte del esfuerzo para ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad.
Con el fin de impulsar este combate la corrupción, se anunció una nueva política de restricción de visas en virtud del artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) relativa a la emisión de visas a funcionarios actuales o exfuncionarios de Guatemala, Honduras o El Salvador y otras personas que se consideren responsables o cómplices de atentar contra la democracia o el Estado de Derecho.
“La falta de gobernabilidad sólida menoscaba los talentos y los recursos de las personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, frustra su posibilidad de forjar un futuro y motiva a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera de EE. UU.”, indicó, Blinken.
Los planteamientos del gobierno norteamericano, para abordar las causas fundamentales de la migración, establecen los desafíos en materia de gobernabilidad, como la corrupción generalizada, socavan los adelantos en áreas como oportunidades económicas, protección de los derechos humanos y seguridad civil.
Entre algunos de los detonantes las empresas privadas mencionan a la corrupción como un impedimento para las inversiones, la fragilidad de las instituciones democráticas, combinada con la impunidad generalizada, lo que ha mellado la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la independencia de los sistemas judiciales.
Asimismo, el cuestionamiento de procesos electorales y la falta de transparencia en la toma de decisiones por parte de los gobiernos han dado lugar a hechos de violencia.
Blinken, enfatizó que, “nuestra intención es apoyar a los ciudadanos, las organizaciones y los funcionarios públicos en la región que han asumido el compromiso de infundir esperanza y generar oportunidades para los pueblos de América Central fortaleciendo las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la transparencia”.
En detalle, a los ciudadanos que se les cancele la visa, detallan que puede resultar por actos de corrupción u obstrucción de instituciones o procesos democráticos, como subvertir la integridad y la independencia del sector judicial y de los fiscales anticorrupción.
De igual forma, podrán negarse visas a las personas designadas conforme a esta política, incluidos sus familiares.
Fuente: La Tribuna.
