Costa Rica. La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, propuso a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa construir una ruta conjunta que le permita a Costa Rica honrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dijo que ello permitiría propiciar las condiciones para estabilizar las finanzas públicas, enfrentar las consecuencias económicas por la pandemia y generar confianza ante los mercados y organismos financieros multilaterales.
El planteamiento lo hizo en la reunión semanal de las jefaturas de fracción realizada este jueves, a la acudió luego de solicitar su participación en oficio enviado a la presidenta del Directorio Legislativo, Silvia Hernández, el pasado 22 de julio.
Durante la reunión de trabajo, Dinarte reiteró la propuesta de crear un mecanismo legislativo oportuno, y sugirió trasladar de comisión aquellos proyectos atenientes al FMI que no han logrado avanzar o generar un acuerdo para la tramitación.
Dinarte planteó la posibilidad de trasladar de la Comisión de Asuntos Jurídicos a otros foros legislativos siguientes iniciativas que forman parte del acuerdo con el FMI, debido al poco avance que han tenido:
Expediente N°22.354 – Ley Impuestos Especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social.
Expediente 22.365- Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal.
Expediente N° 22.382– Impuesto a Inmuebles de Lujo.
“Requerimos construir de manera conjunta un mecanismo legislativo que propicie generar acuerdos para el avance y discusión de estos expedientes de ley que permita honrar los compromisos con el FMI”, subrayó la ministra de la Presidencia, en la reunión de jefaturas de fracción.
Además, solicitó participar cada 15 días o una vez al mes en la reunión de jefaturas de fracción, con el objetivo de intensificar la coordinación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
Fondo de Avales y reducción del impuesto al gas GLP
Dinarte reiteró ante las jefaturas de fracción la necesidad de priorizar en las sesiones ordinarias el expediente Nº 22144 “Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el Apoyo a las Empresas Afectadas por el COVID-19 y la Reactivación Económica”.
La propuesta de ley crea un fondo de $300 millones que respaldará la colocación de cerca de $3.000 millones en créditos productivos para 18.000 empresas afectadas por la pandemia, las cuales representan el 20% de las empresas existentes en el país.
La ministra nsistió en la necesidad de priorizar los proyectos de ley sobre la reducción del impuesto al gas GLP en ₡27 por litro, y la iniciativa para abaratar los costos de operación de RECOPE, eliminando el aporte al fondo de ahorro de los trabajadores.
Se trata de los expedientes N°22027 “Eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores”, y N°22.424, “Reducción del Impuesto Único al Gas GLP”. Ambas propuestas del diputado Erwen Masís.
Discusión sobre agenda
Dinarte dijo que con el acuerdo, busca mitigar el impacto fiscal que sobre la economía existe, cuyo objetivo es buscar una mayor eficiencia en la administración pública.
Según expresó, debido a las decisiones tomadas por las comisiones, como son las posposiciones o falta de quórum algunos de los proyectos no lograron avanzar en el período de sesiones extraordinarias.
La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, manifestó que se le está responsabilizando a los diputados sobre el atraso en la tramitación de los proyectos y aseguró que son los diputados oficialistas quienes no hacen quorum o solicitan permiso en comisiones como jurídicos.
Por su parte la jefa de fracción del PAC Laura Guido, expresó que es la Asamblea Legislativa quien tiene la responsabilidad de aprobar o no los proyectos y por lo tanto debe tomar las decisiones y defendió a la ministra asegurado que llega a buscar alternativas en el avance de las iniciativas.
La Ministra de la Presidencia sostiene que el riesgo de no tramitar las iniciativas es que el FMI estará valorando el avance de la agenda para continuar con el programa.
El jefe de fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, recordó que su agrupación no está de acuerdo con esa agenda y recalcó que no votaran ningún proyecto que establezca más impuestos y por lo tanto la agenda no tiene viabilidad.
La presidenta del parlamento, Silvia Hernández Sánchez, resaltó que los proyectos de ley en la ruta que el Poder Ejecutivo eligió parten de una realidad y es que están sujetos a las nuevas disposiciones del reglamento por lo que algunos de ellos están por vencer su última ampliación de plazo para conocerlos.
Por lo tanto, dijo, hay imposibilidad de dar una amplia discusión e introducción de textos sustitutivos que requieren varios de ellos como es el caso de Casas de Lujo y sólo queda la posibilidad de hacer modificaciones a la carrera a través de mociones 137.
Hernández Sánchez afirmó que se precisa una posibilidad de acompañamiento especialmente de carácter técnico para que muchos de los proyectos encuentren la ruta que les permita avanzar en comisión y en Plenario.
Descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial pues recordó que se requiere 38 votos y en este momento no los tendría, pero la diputada Laura Guido discrepa sobre la necesidad de los 38 votos para crear la comisión.
Sánchez Hernández propuso que se remitan lo antes posible los textos sustitutivos y sean referidos a las comisiones donde se tramitan las iniciativas.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, manifestó que su agrupación siempre tendrá una actitud constructiva para el trámite de proyectos, pero resaltó que el Ejecutivo tiene como actitud defensiva responsabilizar a la Asamblea Legislativa.
Recordó que el Poder Ejecutivo gozó de un periodo de sesiones extraordinarias de ocho meses y desperdició esa gran oportunidad y no gestionaron políticamente la agenda durante ese plazo.
Fuente: El País.cr