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“Hacer del agua un negocio no es el camino”, dice relator de la ONU sobre ley de recursos hídricos en El Salvador

El Salvador. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, advirtió este viernes que el agua no puede gestionarse con dinámicas privatizadoras, durante un conversatorio virtual donde se abordó el proceso de construcción de la ley de aguas en el país, organizado por Cáritas El Salvador y otras oenegés.

Sus declaraciones surgen un día después que se difundiera la carta que envió a Nayib Bukele, firmada también por otro relator de la ONU, donde expresan su preocupación por varios aspectos de la ley de recursos hídricos que promueve el Gobierno y los diputados oficialistas.

“No podemos considerar el agua – y lo han dicho ustedes, yo simplemente lo repito- como un bien económico a gestionar bajo dinámicas de privatización y mercantilización”, dijo Arrojo. Explicó que la gestión del agua debe responder a la protección de los derechos humanos, los cuales consideró una expresión de gobernanza democrática y un ejercicio de obligaciones internacionales. 

En ese sentido, indicó que se requiere una discusión ética donde la máxima prioridad sea el uso del agua para interés público, seguido del uso para interés general de la sociedad y hasta en tercer lugar debería aparecer el uso para el crecimiento económico.  

“Lo que yo creo que está afectando de manera más intensa a El Salvador son los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento, a través de dinámicas concesionales por periodos largos, de 15, 20, 25, 30 años”, dijo el relator.

En la carta que Arrojo firmó junto con David R. Boyd, relator de obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medioambiente sin riesgos, cuestionan que la ley entregue permisos de cinco años prorrogables a las juntas comunales de agua, mientras que a las empresas privadas les otorgan concesiones por 15 años, que pueden renovarse por otros 15. Además, señalan que a las empresas no les exigirán permisos ambientales. 

“Hacer del agua un negocio no es el camino. Estamos ante un reto democrático, no ante una ocasión de negocio”, advirtió  Arrojo.

El Gobierno entregó el 18 de junio la iniciativa de ley de recursos hídricos a la Asamblea Legislativa, luego que la Comisión de Medioambiente archivara los insumos que la sociedad civil había presentado desde 2006 y a pesar de que ya había un anteproyecto avanzado, con 106 artículos aprobados. 

Una comisión ad hoc, dominada por el oficialismo, ha revisado el tema y su primera decisión fue tomar como base el anteproyecto del Ejecutivo y excluir una nueva propuesta ciudadana que llegó al congreso el 14 de junio. 

Aunque la comisión recibió a varios actores de la sociedad civil para escuchar sus opiniones, las organizaciones consideran que sus insumos no se tomaron en cuenta. La comisión ya aprobó el articulado y solo falta el dictamen favorable para que se conozca en el pleno, donde Nuevas Ideas, el partido de Bukele, tiene los votos necesarios para aprobar la ley sin tomar en cuenta a las otras fracciones.

Asamblea, sin ratificar derecho humano al agua

Haciendo énfasis en el derecho humano al agua, Arrojo Agudo dijo que las Naciones Unidas logra pactos internacionales para el reconocimiento de estas garantías y dichos acuerdos se convierten en obligaciones legales internacionales. Sin embargo, vigilar que se cumplan corresponde a los gobiernos, pero también requiere de la vigilancia ciudadana y el empuje democrático.

En ese contexto, Élmer Gómez, representante del Movimiento Ciudadano por el Derecho Humano Al Agua, recordó durante el conversatorio que por 13 años han presionado por el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República. 

La anterior Asamblea Legislativa aprobó reformar la carta magna para reconocerlo, pero para que la modificación entre en vigor debió haber sido ratificada por los actuales diputados. Sin embargo, rechazaron la iniciativa cuando fue propuesta por el FMLN.

“A pesar de que estamos a siete meses de haber integrado la nueva Asamblea Legislativa, no hay agenda en el tema”, dijo Gómez. 

Fuente: La Prensa Gráfica.​

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