Honduras y su deuda en lucha contra la corrupción que deja pérdidas de L. 65 mil millones

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Honduras. El coordinador del Observatorio de la Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cesar Espinal, estimó que al menos 65 mil millones de lempiras se pierden en Honduras a causa de este flagelo.

Espinal fue consultado si ese dinero es recuperado, y afirmó, “recuperar diría que es algo iluso”.

“En este año que estamos enfrentando una pandemia sanitaria, hemos visto como ha crecido pero la pandemia de la corrupción”, expresó.

“No estamos recuperando ese dinero porque año con año aumentan estas cifras”, reiteró.

Con respecto a la Cuenta Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) Honduras reprobó todos los indicadores relacionados al manejo de la corrupción. En su más reciente calificación, el país reprobó en los indicadores de control de la corrupción y libertad de información con una nota de 31 por ciento, imperio de la ley con 14 por ciento y efectividad del gobierno con 38 por ciento.

Esta situación impidió una vez más que el Estado hondureño accediera a los fondos de la Cuenta del Milenio, dejando claro que no hubo avance en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Icefi propone acciones para corregir la vulnerabilidad de CA ante la corrupción

Las calificaciones de los países centroamericanos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en la dimensión de Control de la corrupción de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial y en el indicador de Incidencia de corrupción del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, con excepción de Costa Rica, confirman que El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua  y Panamá mantienen estancamientos o retrocesos de la percepción sobre sus resultados en la lucha contra la corrupción.

Respecto a la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de los ocho documentos claves para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto nacional, la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 del International Budget Partnership mostró una mejora en las calificaciones de Guatemala y Honduras, pero retroceso en las de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

En este contexto y en un año atípico que obligó a los Estados centroamericanos a adoptar medidas fiscales extraordinarias para afrontar la emergencia sanitaria de la Pandemia del Covid-19, y que luego, en algunos casos, han tenido que extenderse para enfrentar la emergencia y la reconstrucción por los daños de las tormentas tropicales Eta e Iota en países de la región.

Estas medidas fiscales extraordinarias evidenciaron fallas en la gestión y ejecución de recursos públicos, generando dudas y desconfianza en la población sobre el destino y uso correcto del dinero, incluyendo actos de corrupción. En algunos países el malestar ciudadano se ha manifestado con protestas públicas y crisis políticas.

A criterio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ante esta situación los gobiernos centroamericanos deben emprender las siguientes acciones de corto plazo:

Rendición de cuentas efectiva de la ejecución de recursos públicos para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Las adquisiciones públicas efectuadas que invocan criterios de excepción a la normativa general requieren atención y énfasis especiales.

El acceso a la información del gasto público destinado a las emergencias y los resultados de la implementación de los programas de apoyo económico y social, cumpliendo los estándares internacionales y la legislación de cada país.

Una evaluación integral de las Contralorías, Cortes o Tribunales Superiores de cuentas sobre la eficiencia e integridad en el uso del gasto público destinado a las emergencias, en particular de las adquisiciones públicas y los programas de asistencia implementados. De esta evaluación deben derivarse recomendaciones y ajustes para los programas regulares o permanentes.

Investigar, perseguir penalmente y deducir responsabilidades en contra de quienes resulten involucrados en actos de corrupción, especialmente por el abuso del gasto público para enfrentar las emergencias.

El Icefi además plantea como acciones de mediano y largo plazo para que los gobiernos centroamericanos definan explícitamente sus agendas o políticas nacionales contra la corrupción, y a mejorarlas continuamente si ya cuentan con ellas. Estas agendas deben atender las recomendaciones de los mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); de iniciativas regionales como las Cartas Iberoamericanas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); de las evaluaciones o planes que emanan de iniciativas con alcance global como el Foro Global Sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y, de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés).

El entorno actual demuestra que la ciudadanía centroamericana es más consciente y preocupada por las decisiones gubernamentales que afectan de manera directa su calidad de vida. En particular, esta realidad está siendo demostrada en los casos recientes en Guatemala y Costa Rica, cuyas ciudadanías rechazaron y protestaron públicamente por procesos anómalos y opacos para negociar o aprobar medidas fiscales, el endeudamiento y el presupuesto públicos. Estas protestas han detonado crisis políticas que obligaron a los legisladores y a los gobiernos guatemaltecos y costarricenses a dar marcha atrás y comprometerse a retomar una discusión abierta e incluyente, fortaleciendo la transparencia fiscal.

El Icefi sostiene que estos procesos pueden ser clave para dar paso a acuerdos fiscales integrales, en el sentido que avances tangibles y verificables en la lucha contra la corrupción, y mejoras en transparencia abonan a la legitimidad y viabilizan las reformas estructurales relacionadas con el buen gobierno y la gestión eficaz de los recursos públicos, tales como los sistemas de adquisiciones públicas, de servicio civil, de integridad pública, de transparencia presupuestaria y tributaria, de participación ciudadana en la gestión pública, así como las medidas para evitar la captura de las políticas públicas por intereses particulares. El Instituto insta a los gobiernos centroamericanos a asumir las dificultades actuales como una oportunidad para demostrar su vocación democrática y compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Fuente: GO/Hondudiario


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